BOE 22/04/2020

Autónomos

OPCION POR UNA MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LA GESTION DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD POR COVID-19

Se adoptan una serie de medidas para traspasar a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la gestión de la prestación extraordinaria de cese de actividad por COVID-19.

Por tanto, los trabajadores autónomos que no hubieran ejercido la opción anteriormente a una mutua colaboradora para la cobertura contingencias profesionales, it y cese de actividad, deberán, para causar derecho a esta prestación extraordinaria, presentar la solicitud ante una mutua colaboradora con la Seguridad Social, entendiéndose desde ese momento realizada la opción prevista en el mencionado artículo con efectos del primer día del mes en que se cause el derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad.

Junto con la solicitud de la prestación deberán formalizar la correspondiente adhesión con dicha mutua, que incluirá la cobertura de las contingencias profesionales, incapacidad temporal por contingencias comunes y la prestación de cese de actividad que hasta el momento tuvieran cubiertas con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con el Servicio Público de Empleo Estatal.

OPCIÓN POR UNA MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL RETA QUE HUBIERAN OPTADO INICIALMENTE POR UNA ENTIDAD GESTORA.

Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del RETA que no hubieran ejercitado la opción por una mutua colaboradora prevista en el artículo 83.1.b) TRLGSS (cobertura contingencias profesionales, it y cese de actividad), ni la opción por una mutua colaboradora, en virtud de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 17 del RD-ley 8/2020 (prestación extraordinaria por cese de actividad COVID), deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83.1.b), anteriormente citado, ejercitando la opción y formalizando el correspondiente documento de adhesión en el plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma. Dicha opción surtirá efectos desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización de este plazo de tres meses.

Una vez trascurrido el plazo sin que el trabajador hubiere formalizado el correspondiente documento de adhesión, se entenderá que ha optado por la mutua con mayor número de trabajadores autónomos asociados en la provincia del domicilio del interesado, produciéndose automáticamente la adhesión con efecto desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización del plazo de tres meses a que se refiere el párrafo anterior. Con el fin de hacer efectiva dicha adhesión, el Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicará a dicha mutua los datos del trabajador autónomo que sean estrictamente necesarios.

La mutua colaboradora por la que haya optado el trabajador autónomo del RETA para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad por COVID-19, asumirá la protección y la responsabilidad del pago:

– de la prestación extraordinaria por cese de actividad

del resto de prestaciones derivadas de las contingencias por las que se haya formalizado la cobertura, incluyendo el subsidio por incapacidad temporal cuya baja médica sea emitida con posterioridad a la fecha de formalización de la protección con dicha mutua y derive de la recaída de un proceso de incapacidad temporal anterior cubierta con la entidad gestora.

Prórroga preferente del trabajo a distancia

Se prorroga el carácter preferente del trabajo a distancia regulado en el art.5 del RD-ley 8/2020. Se mantendrá vigente durante los dos meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista en el primer párrafo de la DF décima del RD-Ley 8/2020 (vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma). También se prevé la posibilidad de prórrogas adicionales.

Prórroga del Plan MECUIDA

Se prorroga el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada para personas con familiares dependientes a cargo debido a la situación de crisis sanitaria regulado en el art.6 del RD-ley 8/2020, que pasa a denominarse Plan Mecuida. Se mantendrá vigente durante los dos meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista en el primer párrafo de la DF décima del RD-Ley 8/2020 (vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma). También se prevé la posibilidad de prórrogas adicionales.

Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en el período de prueba producida durante la vigencia del estado de alarma.

La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior.

Situación legal de desempleo por rescisión voluntaria de la última relación laboral con compromiso firme de contratación por otra empresa no materializado por desistimiento de la empresa a causa de la crisis.

Se encontrarán en situación legal de desempleo y en situación asimilada al alta, las personas trabajadoras que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral a partir del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso firme de suscripción de un contrato laboral por parte de otra empresa, si esta hubiera desistido del mismo como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19. La situación legal de desempleo se acreditará mediante comunicación escrita por parte de la empresa a la persona trabajadora desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido como consecuencia de la crisis derivada del COVID 19.

ERTES por fuerza mayor parcial vinculada al COVID-19

Con la modificación del art.22.1 del RD-ley 8/2020, la fuerza mayor de una actividad considerada esencial durante esta crisis podrá tener carácter parcial y no extenderse, por tanto, a toda la plantilla de la empresa. La causa de fuerza mayor concurrirá en la parte de actividad no afectada por dicho carácter esencial.

Trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos. Protección por desempleo en aplicación de los ERTEs por fuerza mayor o por causa económica, técnica, organizativa y de producción relacionadas con el COVID-19.

Modifica el art.25.6 del RD-ley 8/2020, ampliando la cobertura a aquellas personas trabajadoras fijas-discontinuas y a los que realizan trabajos fijos periódicos que se repiten en fechas ciertas, que no hayan podido reincorporarse a su actividad en las fechas previstas, como consecuencia del COVID-19 y que, o bien disponiendo de periodos de ocupación cotizada suficiente, no cumplen el requisito de situación legal de desempleo, o bien no pueden acceder a la prestación por desempleo por carecer del periodo de cotización necesario para acceder a dicha prestación.

Los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, que se encuentren en periodo de inactividad productiva, y por ende, a la espera de la llegada de la fecha en la que procedería su llamamiento y reincorporación efectiva de no mediar la crisis del COVID-19, podrán beneficiarse también de las medidas dispuestas en el apartado 1 de este artículo.

Las personas trabajadoras que, sin estar en la situación del apartado anterior, vean interrumpida su prestación de servicios como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, y como consecuencia de ello pasen a ser beneficiarios de la prestación por desempleo, podrán volver a percibirla, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por la persona trabajadora durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otras personas trabajadoras comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la entidad gestora cuando el interesado solicite su reanudación.

Las personas trabajadoras que acrediten que, como consecuencia del impacto del COVID-19, no han podido reincorporarse a su actividad en la fecha que estaba prevista y fueran beneficiarios de prestaciones en aquel momento, no verán suspendido el derecho a la prestación o al subsidio que vinieran percibiendo.

Los trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad y los que no hubieran podido reincorporarse a la misma como consecuencia del COVID-19 y careciesen del período de ocupación cotizado necesario para obtener la prestación por desempleo, tendrán derecho a una nueva prestación contributiva, que podrá percibirse hasta la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo, con un límite máximo de 90 días. La cuantía mensual de la nueva prestación será igual a la de la última mensualidad de la prestación contributiva percibida, o, en su caso, a la cuantía mínima de la prestación contributiva. El mismo derecho tendrán quienes durante la situación de crisis derivada del COVID-19 agoten sus prestaciones por desempleo antes de la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo y carezcan de cotizaciones suficientes para el reconocimiento de un nuevo derecho, en cuyo caso, la certificación empresarial de imposibilidad de reincorporación constituirá nueva situación legal de desempleo. En este supuesto, no les resultará de aplicación lo previsto en la letra b) de este apartado cuando acrediten una nueva situación legal de desempleo.»

Simplificación del procedimiento de aplazamientos en el pago de deudas de la Seguridad con plazo reglamentario de ingreso entre abril y junio de 2020, previsto en el art.35 del RD-ley 11/2020.

Las solicitudes deberán efectuarse antes del transcurso de los 10 días primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso. Se simplifica el procedimiento de resolución del aplazamiento, con independencia del número de mensualidades que comprenda, se fija un criterio homogéneo en la determinación del plazo de amortización mediante el pago escalonado de la deuda. Se establecen las incompatibilidades y los efectos de la solicitud.

Desde MIRET CONSULTORIA JURÍDICA, esperamos que esta información pueda ser de su interés y no dude en contactarnos desde el formulario de CONTACTO de nuestra ASESORÍA LABORAL